Gobierno corporativo en el sector público

La falta de transparencia y la ausencia de una plena rendición de cuentas por parte de muchas de las entidades del sector público, han puesto en alerta a instituciones  como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, Francia. 
En los últimos diez años, la OCDE ha dedicado parte de sus esfuerzos a tratar temas como el que me estoy  ocupando en esta ocasión, con el propósito de adoptar nuevas prácticas de negocio y mejorar las estratégias en la gestión (administración); para ello es importante la incorporación de mejores prácticas de gobierno corporativo en el sector público, como generador de valor en la dirección, control de gestión y gestión de riesgos en la toma de decisiones a nivel de gobierno central, así como en las empresas estatales. Inicialmente estas prácticas fueron consideradas únicamente para empresas del sector privado (especialmente las que cotizan en bolsa de valores, la banca e instituciones financieras), pero la experiencia ha demostrado que se adaptan perfectamente al sector público y proporcionan una base para que dichas organizaciones operen eficientemente, cambien perceptiblemente su imagen y se proyecten como una institución sólida; para lo cual se requiere entre otras cosas, que los candidatos a ser seleccionados y contratados en las diferente posiciones en cada estructura de gobierno,  reúnan requisitos de competencia, estándares profesionales, éticos y de transparencia.
 
El gobierno corporativo es un mecanismo que sirve de guía y contrapeso a la gestión de las entidades, para asegurar una sana administración, buenos  resultados en la gestión y la eficiencia en los productos y servicios que se ofrecen. Apoyadas en este mecanismo, las entidades públicas pueden realizar una actividad independiente, objetiva y de fortalecimiento a su administración para agregar valor y mejorar sus operaciones. La intención es lograr que las empresas estatales sean más competitivas, eficientes, efectivas y sobre todo, transparentes, a través de una adecuada dirección y gestión. El hecho de que las entidades públicas sean distintas de las empresas privadas no implica que la administración de las mismas tenga que ser diferente. De hecho, la gobernabilidad de éstas requiere que se lleve un proceso mucho más estricto, ya que todos los recursos que se utilizan y  los beneficios que se obtienen pertenecen a terceros involucrados, es decir a todos los ciudadanos o especialmente aquellos que aportan directamente como es el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), el Instituto Nacional de Jubilaciones  y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP), Etc..
 
Poner en práctica un modelo de gobierno corporativo en las instituciones del sector público, significa adoptar una verdadera modernización en la organización, de manera que el Directorio o Junta Directiva se enfoque en las decisiones estratégica de la institución y dejar el sistema de gestión para el Director o Gerente General y sus colaboradores.  El Directorio o Junta Directiva, no debe perder de vista, que es el representante de la sociedad en general y debe fungir como si fuera accionista primario de los activos y destinos de la entidad pública. La actuación de este Órgano debe ser en función del interés público en todo momento. 
 
La crisis por la que atraviesa el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que es del conocimiento público;  así como los grandes problemas financieros y de otra naturaleza que enfrentan la mayoría de las empresas del Estado, es motivo suficiente para establecer con mayor determinación órganos de gobierno corporativo claramente definidos y estructurados, con una funcionalidad que garanticen: a) una verdadera gobernabilidad corporativa bajo principios y valores que configuren el marco de una norma de conducta y ética institucional, en función de una visión claramente concebida y compartida con todos los involucrados internos y externos. b) Reducción de la intervención política en la gestión diaria de las empresas. c) La adopción de un sistema transparente de nominación de los candidatos a ocupar los puestos en los diferentes órganos de gobierno. Que estén basados en competencias, habilidades, conocimientos y experiencias, y que observen una conducta intachable. d) Poder monitorear y evaluar los resultados de los órganos de gobierno, con suficiente independencia y con la frecuencia que la Ley y políticas de cada Institución establezca y que puedan ser del conocimiento público, para garantizar confianza y credibilidad. 
 
 
(*) Consultor Sénior de Empresas Familiares y Gobiernos Corporativos
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Tegucigalpa, MDC, 27 de agosto de 2015. 
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